Punto de vista...

Por : Alejandro Aparicio 

Más vale una verdad dura que invite a reflexionar que una adulación falsa que conduzca a la estupidez:
Anónimo.
Las bases laborales forman parte de un derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Los expertos en materia laboral aseguran que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, y que las bases se bastan con el sólo nombramiento que haga el patrón.
Las leyes también aseguran que éstas pueden revocarse siempre y cuando el trabajador no beneficiado impugne los nombramientos, argumentando que se violentaron sus derechos  al cederle este beneficio a un trabajador de reciente ingreso. Esta es la única vía para hacerlo, más no el patrón.
Los juristas especializados en materia laboral –como Rodolfo Silva Portillo-, aseguran que  el asunto de las basificaciones es un tema complejo y la autoridad en turno que argumente la revocación de las bases está cometiendo un absurdo, junto con quienes le sigan el juego.
Ese argumento es la bandera de las líderes sindicales –Martha Elena Linzaga Nájera, del SUSPEG e Imelda Galeana de Jesús de los Independientes-, ambas están en la postura de defender las bases que les otorgaron a su gremio sindical. Martha Elena Linzaga Nájera afirma que defenderá las 100 basificaciones e Imelda Galeana de Jesús, las 63 otorgadas –incluidas las 5 bases que de manera personal le dieron a Alberto Bahena Jiménez, actual regido y secretario del PVEM-.
Esta situación complica la determinación de José Luis Abarca Velázquez, -porque según el jurista especializado en materia laboral, Rodolfo Silva Portillo-, para poder revocar las bases necesita que los trabajadores impugnen los nombramientos, porque si no es así, las 163 bases netas otorgadas al SUSPEG e Independientes, no podrán ser movibles, al menos que establezca un acuerdo entre las partes.
Este golpe asestado por el actual presidente municipal, Raúl Tovar Tavera es hasta cierto punto certero y lo que se dice que habrá revocación de las bases es mero protagonismo, porque la mayoría según los sindicatos los trabajadores beneficiados cumplen los requisitos de antigüedad, salvo sus honrosas excepciones que provienen de las propuestas surgidas desde el seno gubernamental municipal.
La polémica seguirá no sólo por el otorgamiento de plazas, sino por la venta de éstas, que los beneficiados los harán en un tiempo no muy lejano, porque es una práctica común que registran los sindicatos. En fin es un simple punto de vista…

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